LAS TRES A EN CÓRDOBA

EL DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR, PUBLICÓ EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2006, UN COMPLETO ANÁLISIS, SOBRE EL ACCIONAR DE LA TRIPLE A, EN CORDOBA Y DURANTE LA GESTIÓN DE LA PRESIDENTE ISABEL MARTÍNEZ DE PERÓN, FIRMADO POR EL PERIODISTA JULIO CÉSAR MORENO Y QUE TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN.

Si los crímenes cometidos por la Triple A durante el gobierno de Isabel Perón se encuadran en la categoría de lesa humanidad y por lo tanto resultan imprescriptibles - como lo acaba de resolver el juez federal Norberto Oyarbide – entonces en Córdoba, se podrían iniciar acciones judiciales destinadas a esclarecer algunos de los hechos cometidos por dicha organización parapolicial.

Pero también un juez podría ordenar algún día, la investigación de crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras como ERP o Montoneros, si interpreta que esos delitos no están amparados por el beneficio de la prescripción, ya que también deben ser considerados de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma, por el que se rige la Corte Penal Internacional.

En Córdoba habría mucha tela para cortar si se abrieran investigaciones judiciales en gran escala sobre las acciones terroristas en los “años de plomo”, es decir antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y el fallo del juez Oyarbide pone el dedo en la llaga al declarar de lesa humanidad, los delitos cometidos por la Triple A, antes del golpe.

Y si otro juez decidiera juzgar los delitos de la guerrilla, podría iniciarse un proceso judicial interminable, pese a que han pasado tres décadas.

Y el gran tema es si se puede “judicializar” lo que constituye, más que una serie de hechos, todo un momento histórico, en el que se pusieron en juego estrategias revolucionarias de toma del poder y estrategias contrarrevolucionarias destinadas a aniquilar a aquellas.

No se pueden reducir los “años de plomo” – o sea toda la década del 1970 – a una sucesión de crímenes y atentados de uno y otro lado, ya que hubo una trama política, social y cultural muy compleja y la violencia se enraizó en vastos sectores de la sociedad, desde la violencia social - sindical, estudiantil o barrial – hasta la violencia armada, que desafió con las armas el poder del Estado y las instituciones.

Y como contrapartida no hubo un Estado democrático y republicano fuerte que supiera hacer frente a tamaño desafío.

Por el contrario, hubo un Estado débil y vacilante que terminó hundiéndose en el fango del terrorismo de Estado, primero durante el gobierno de Isabel Perón y después durante el régimen militar surgido del golpe de marzo de 1976.

CÓRDOBA, 1974 – 1976

Y si hay un texto que ilumina claramente la continuidad que hubo entre ambos períodos, o sea antes y después del golpe de 1976, es el informe de la Delegación Córdoba de la Comisión Sobre la Desaparición de Personas (Conadep) de 1984, una de cuyas partes dice: “El secuestro de personas, como método de detención, surge en nuestra provincia casi un año antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se desarrolla en forma progresiva y se sistematiza a partir del pronunciamiento militar.
En efecto, los meses de diciembre de 1975 y enero y febrero de 1976 concentran la mayoría de las 52 denuncias de secuestros correspondientes al período anterior a la instauración del gobierno militar.
Dichas denuncias, unidas a otros testimonios y elementos documentales reunidos por esta Delegación, representan indicios ciertos de que dichos actos fueron ejecutados con idéntica metodología instaurada como política represiva a partir del llamado Proceso de Reorganización Nacional”.

Son 52 los secuestros en Córdoba en los meses previos al golpe: toda una prueba.

Pero la Triple A venía pisando fuerte en la provincia desde mucho tiempo antes, por lo menos desde aquel día de la vergüenza que fue el 28 de febrero de 1974, cuando un golpe de Estado policial derribó al gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, con la anuencia, la vista gorda y la inacción del entonces presidente Juan Domingo Perón.

Pero fue después de la muerte de Perón, en julio de ese año, que se desató sobre el país una inmensa ola de sangre y fuego, que tuvo a Córdoba entre sus principales víctimas, sobre todo en el desventurado año 1975 y los primeros meses de 1976, hasta el golpe. Y hubo dos hechos emblemáticos, entre cientos, de aquél tiempo de desprecio: uno fue el secuestro y asesinato de la familia de José María Pujadas – los padres y dos hijos – que fueron acribillados a balazos y arrojados a un pozo profundo en las cercanías de la ruta Alta Gracia.
Fue el 14 de agosto de 1975. Los muchachos de la Triple A habían hecho su trabajo.
Otro fue seis días después, el 20 de agosto, cuando varios grupos fuertemente armados del ERP intentaron – y casi lo logran – copar la Jefatura de Policía frente a la Plaza San Martín, el Comando Radioeléctrico y la Guardia de Infantería.
Murieron cinco policías y dos civiles, y en la semana siguiente murieron 15 personas.

Así eran aquellos tiempos.